Por Reforma

Nueva York, Estados Unidos (03 enero 2020).- La jueza de Nueva York Peggy Kuo denegó este viernes poner en libertad bajo fianza a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad de México durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), acusado de narcotráfico y de mentir para obtener un pasaporte estadounidense, cargos de los que se declaró “no culpable”.

La Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York acusa a García Luna, que fue detenido el pasado 9 de diciembre en Dallas (Texas), de tres cargos de conspirar para traficar cocaína a EU y otro por falso testimonio.

García Luna compareció en la vista, que solo duró unos 15 minutos y en la que estuvo asistido por una traductora, vestido con una sudadera gris y pantalones crema, durante la cual recibió el apoyo de su esposa y dos hijos, que lo animaron pidiéndole “valor” ante el proceso abierto en su contra.

En la breve comparecencia, la jueza leyó los cargos a García Luna, a quien preguntó si los entendía, a lo que el ex funcionario contestó afirmativamente.

El abogado de García Luna pidió a la jueza la conveniencia de dejar a su representado en libertad bajo fianza, a lo que se negó de plano la Fiscalía, que advirtió del “riesgo de fuga”, pues en los cargos de narcotráfico contra el ex Secretario este habría usado su poder, influencias y sobornos.

A la salida de la vista, en la que la jueza hizo caso a la Fiscalía de no dejar en libertad bajo fianza a García Luna, el abogado defensor rechazó hacer declaraciones a los medios de comunicación.

El ex Secretario de Seguridad en la etapa de Calderón fue asistido en todo momento por una intérprete que le traducía al oído todo lo que se desarrollaba en la vista.

La fiscal federal Richard Donoghue acusa a García Luna de aceptar millones de dólares en sobornos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, ex líder del Cártel de Sinaloa que fue condenado a cadena perpetua por el mismo tribunal ante el que ahora se enfrenta el ex titular de Seguridad de México.

El auto de acusación sostiene, además, que entre 2001 y 2012 aceptó sobornos a cambio de brindar protección al Cártel de Sinaloa para sus actividades de narcotráfico.

Recuerda, también, que entre 2001 y 2005, el acusado dirigió la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México (creada en 2001 bajo la Presidencia de Vicente Fox, que lo nombró en el cargo) y de 2006 a 2012 fue el Secretario de Seguridad Pública, que controlaba la Policía Federal, bajo la Presidencia de Felipe Calderón.

García Luna fue detenido tras los testimonios de varios narcotraficantes durante el juicio al Chapo, que se celebró entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 y en el que el capo fue condenado a cadena perpetua.

Entre ellos destacó el de Jesús “El Rey” Zambada, ex jefe de operaciones del Cártel de Sinaloa, quien aseguró haber sobornado a García Luna, con quien dijo se había reunido en un restaurante en dos ocasiones y que en cada una de ellas le había entregado dinero.

La primera ocasión, según Zambada, fue en 2005, cuando García Luna era el jefe de la AFI, bajo el mandato de Vicente Fox (2000-2006), y la segundo al año siguiente, tras haber aceptado el puesto de Secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón.

La detención del ex funcionario federal ha puesto en cuestión la guerra contra el narcotráfico lanzada por los anteriores gobiernos mexicanos.

Para el actual jefe de Estado mexicano, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, el arresto de García Luna en Estados Unidos supone el fin de una época, la de la guerra militar contra el narcotráfico emprendida por Calderón y seguida por su sucesor, el Presidente Enrique Peña Nieto.

A su vez, el actual Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, señaló el pasado diciembre que la estrategia de seguridad emprendida por los gobiernos anteriores quedó reducida a “la trágica protección oficial del Gobierno de Calderón al Cártel de Sinaloa”.

Por su parte, Calderón aseguró, tras la detención de su ex jefe de Seguridad, que desconocía “por completo” las acusaciones contra García Luna y defendió la estrategia en la materia de su gobierno, afirmando que esta “no era, ni remotamente, producto de las decisiones de un solo funcionario”.