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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó el rancho Pozo Nuevo, propiedad del ex Gobernador Guillermo Padrés Elías y su familia, por un adeudo fiscal de 1.5 millones de pesos.

El inmueble se asienta en 3 mil 770 hectáreas, a cinco kilómetros de la comunidad rural de Bacanuchi, en el Municipio de Arizpe, en la sierra Alta de Sonora.

La solicitud de embargo ingresó al Registro Público el pasado 17 de junio, según el oficio 400-55-00-03-02-2016-5575, que giró el SAT para que se gravara el bien inmueble y “hacer efectivos los créditos fiscales”.

Esto es, cuatro días antes de que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano exigiera a la procuradora General de la República, Arely Gómez, avances en dos indagatorias contra su antecesor, a través de un video en redes sociales.

En su momento también se denunció que en el rancho Pozo Nuevo se edificó una presa sin permisos federales.

Paralelamente, este miércoles la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República solicitó al Gobierno federal agilizar las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por el ex Gobernador panista.

En el punto de acuerdo, el PRI también solicitó al Gobierno sonorense trabajar en coordinación con las autoridades federales para reunir todos los elementos y pruebas que permitan actuar contra Padrés y los funcionarios de su Administración involucrados en desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito.

En el documento, los priistas exhortaron a la Auditoría Superior de la Federación una revisión integral de los recursos federales transferidos a Sonora entre 2010 y 2015.

La intención, según explican, es evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se cumplieron las disposiciones legales, los objetivos y las metas programadas.

Los senadores del PRI también demandaron a la Auditoría que, en caso de detectar irregularidades, actúe conforme a derecho.