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«La última locura de la militarización de la seguridad pública en México: desplegar una fuerza esencialmente militar, ya no contra grupos delictivos, sino contra familias humildes que huyen de estos grupos», expuso José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América de la organización.

De esta forma, la organización Human Rights Watch (HRW) criticó el despliegue del Gobierno federal en la frontera sur de México para detener a los migrantes.

Daniel Wilkinson, director ejecutivo adjunto en la región de HRW, afirmó que, la historia de abusos vinculados con la militarización de la seguridad pública en América, hacen que sea fácil prever que esta medida, implementada para cumplir con el acuerdo logrado con el Gobierno de Estados Unidos, podría resultar en un desastre.

«Los sucesivos gobiernos de México han justificado el uso de las fuerzas armadas para operativos de seguridad pública con el argumento de que son necesarias para enfrentar a cárteles de narcotráfico que están fuertemente armados y son extremadamente violentos. Sin embargo, esta militarización de la fuerza pública solo ha contribuido a aumentar la violencia y ha provocado violaciones generalizadas de derechos humanos», aseveró.

Wilkinson consideró que la Guardia Nacional, creada por la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador para reemplazar a la Policía Federal, representa una extensión de la militarización de la seguridad pública.

«La Guardia, que está previsto oficialmente que empiece a operar el 30 de junio, estará conformada en gran parte por soldados y comandada por un general del Ejército que está actualmente en servicio», destacó.

«Si el gobierno de López Obrador lleva a cabo este plan, implicará el despliegue de una fuerza esencialmente militar, no contra organizaciones delictivas violentas, sino contra familias y niños pobres, muchos de las cuales están huyendo de la persecución.

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