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El embargo pesquero que pesa sobre el Alto Golfo de California, decretado por el Gobierno de los Estados Unidos, podría extenderse a todo México si el gobierno federal no garantiza la protección a la vaquita marina.

La amenaza está programada para el lunes 27 de mayo, cuando una comisión internacional visite la región para supervisar la protección a esta especie.

Por ese motivo, después de más de cinco meses de que tomó posesión como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco acudió a San Felipe, con el fin de atender personalmente uno de los temas más sensibles de la agenda ambiental y que más preocupan en México y a nivel internacional, la cada vez más cercana extinción de la vaquita marina, de la que se dice, quedan apenas diez ejemplares.

Funcionarios de la Semarnat acudieron, el pasado jueves, al poblado de San Felipe para hablar directamente con los pescadores de ese lugar y del Golfo de Santa Clara, pues están obligados a hacer una propuesta viable antes de que finalice el presente mes de mayo.

Carlos Tirado, líder de las Cooperativas pesqueras del Alto Golfo de California, consideró que el gobierno mexicano enfrenta una complicada situación que lo obligará a dar una definición que sea del agrado de los organismos internacionales.

Los funcionarios federales se reunieron con presidentes de federaciones y cooperativas de pescadores, a quienes desde el pasado mes de febrero les retiraron el pago de compensaciones económicas, que recibían para mantener sus redes fuera del agua.

La falta de pago de la pensión por la no pesca, provocó que los pescadores tomaran la decisión de hacerse a la mar a pescar chano y sierra. A pesar de estar prohibido, el gobierno mexicano no hizo nada por detenerlos.

Los pescadores habrían violado sin castigo el decreto que prohíbe el uso de redes en la zona, vigente desde el 10 de abril de 2015.

La audiencia de la titular de la Semarnat, con los permisionarios, fue obligada por la próxima visita que realizará a México una misión de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), que vendrá con el objetivo de verificar las acciones que desarrolla el gobierno mexicano para proteger a la vaquita marina y el combate a la pesca ilegal de Totoaba.

El gobierno federal presentó el martes 26 de marzo un plan de protección al Alto Golfo de California; el documento no gustó a nadie. Las federaciones de pescadores consideraron que el planteamiento no ofrece opciones productivas concretas ni inmediatas para la subsistencia de sus familias.

Tampoco le gustó al gobierno de los Estados Unidos que, el pasado 26 de abril, desestimó la estrategia del gobierno mexicano para atender la problemática en la región, al señalar que la Iniciativa de Sustentabilidad, “no es un programa regulatorio para administrar las pesquerías, conservar a la vaquita marina, ni detener la captura ilegal de pez Totoaba”.

Así se lo manifestó el Departamento de Comercio a un juez del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para mantener el embargo pesquero contra el Golfo de California impuesto en agosto de 2018.

Carlos Tirado señaló que el tiempo se le acaba al gobierno mexicano y que, en esta ocasión estará obligado a presentar una propuesta seria y responsable, que tendrá que ser de beneficio para las comunidades ribereñas pero también deberá convencer a las organizaciones internacionales de su compromiso por proteger la existencia de la vaquita marina.

De otra manera, el embargo que ahora tiene el Alto Golfo de California se extendería a las costas del Océano Pacífico, el Golfo de México y a todo el país.